La Generalitat Valenciana ha adjudicado un contrato por 4,7 millones de euros para la instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarmas individuales en viviendas del parque público autonómico, con el objetivo de **prevenir la okupación ilegal de estos inmuebles.

Esta medida forma parte de las acciones impulsadas por la Vicepresidencia Primera y la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad para **reforzar la protección de las viviendas públicas mientras se encuentran en rehabilitación o esperando adjudicación a familias que cumplen con la normativa.

Según los responsables de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), este tipo de ocupaciones no solo obstaculiza la rehabilitación y asignación de viviendas a quienes tienen derecho a ellas, sino que además **genera problemas de convivencia y riesgos añadidos derivados de enganches ilegales a los suministros y actos vandálicos.

Los sistemas de alarma implementados funcionarán sin necesidad de conexión al suministro eléctrico, estarán conectados a una central de seguridad y permitirán **avisos inmediatos a la Policía ante cualquier intento de ocupación, mejorando de forma sustancial la vigilancia de estas viviendas.

El contrato, con una duración de cuatro años, se ha estructurado en dos lotes: **150 alarmas para la provincia de Alicante y otras 150 para las provincias de Valencia y Castellón.

Además de la instalación de alarmas, los dispositivos incluyen servicios de mantenimiento, reposición en caso de actos vandálicos y verificación personal, con el fin de garantizar una respuesta eficaz frente a intentos de okupación.

Esta iniciativa se suma a otras actuaciones de seguridad adoptadas por la Generalitat, como la colocación de puertas antivandálicas y, cuando es necesario, la contratación de vigilancia privada en determinados bloques, dentro de una estrategia integral para combatir la ocupación ilegal de viviendas públicas en la Comunitat Valenciana.